Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

¿A qué obliga la ley?

A que las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública: esto es, respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de la información que le dio fundamento, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información.

¿A qué organismos y servicios obliga la Ley N° 20.285?

Esta Ley compromete en todas sus partes a ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipios, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, órganos y servicios públicos. Respecto de las empresas donde el Estado tenga propiedad de más del 50% de las acciones y a las empresas públicas creadas por ley, al Congreso Nacional, a los Tribunales de Justicia, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y el Banco Central y otros órganos del Estado se ajustan a las disposiciones que esta Ley expresamente les señala y a las de sus respectivas leyes orgánicas.

¿Qué información se puede pedir?

El principio de transparencia abarca todos los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilizaron para su dictación. También es pública toda información elaborada con financiamiento fiscal y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Lo anterior, salvo las excepciones que establece esta Ley y las previstas en leyes de quórum calificado.

Transparencia Activa

¿Qué se entiende por transparencia activa?

La obligación de los órganos del Estado de difundir regularmente información actualizada sin que nadie lo solicite, como una manera de transparentar la gestión.

¿Qué información debe estar publicada y dónde?

Los órganos de la Administración del Estado deberán tener en sus sitios web un banner de Gobierno Transparente, haciendo clic en él se podrá encontrar información sobre la estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; el marco normativo; la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones; las contrataciones de bienes muebles, servicios y asesorías, con indicación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras; las transferencias de fondos públicos; los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros; los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios; el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución; los mecanismos de participación ciudadana; la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario; y todas las entidades en que tenga participación, representación o intervención.

¿Cada cuánto tiempo debe ser actualizada esta información?

La Ley establece que se deben actualizar, al menos, una vez al mes.

Si un organismo no tiene su propio sitio web, ¿dónde se puede encontrar su información?

Todo organismo del estado que no tenga un sitio web propio deberá mantener esa información publicada en el sitio web del ministerio del cual depende o con el que se relaciona.

¿Cómo se controla el cumplimiento de la transparencia activa?

Por tres vías. Por “acción popular”, es decir, cualquier persona puede presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por algún incumplimiento. Mediante la acción de las reparticiones encargadas del control interno de cada organismo que tendrán la obligación de velar por la observancia de esta Ley. A través de las atribuciones y funciones que esta Ley encomienda al Consejo para la Transparencia y a la Contraloría General de la República.

¿Las remuneraciones del personal deben ser publicadas?

Sí, la ley lo señala claramente.

¿Qué sucede si no se cumple con la transparencia activa?

El Consejo para la Transparencia puede aplicar una multa de 20% a 50% de la remuneración mensual a la autoridad o jefatura superior del organismo.

Acceso a la Información

¿Quién tiene derecho de acceso a la información de la administración del Estado?

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado.

¿Es necesario estar patrocinado por un abogado para solicitar información?

No, el derecho a conocer la información pública está creado para que cualquier persona pueda solicitarla, evitando trabas a su acceso.

¿Qué pasa si la información que se solicita afecta o involucra a otra persona?

La autoridad tiene un plazo de dos días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, para notificar por carta certificada a la o las personas a que se refiere o afecta la información, la cual puede oponerse a la entrega de los documentos solicitados en un plazo de tres días desde la fecha de notificación. Si la persona se opone, la autoridad notificará al solicitante de  la oposición y quedará impedido de proporcionar dicha información, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia. Si la tercera persona no se opusiese o no responde, se entenderá que accede a la entrega de la información.

¿Qué información se puede pedir?

Toda información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales que más adelante se detallan.

¿Cómo debe solicitar una persona acceso a información?

Se debe hacer la solicitud de acceso a la información a través del sistema electrónico habilitado por Internet. También es posible hacerla por escrito al organismo al que se le solicita la información por medio de una carta o de un formulario en papel. Según la Ley, la solicitud debe consignar claramente, al menos: nombres, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, si corresponde; identificación lo más clara y precisa que se pueda de la información que se requiere; la firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado; y el órgano administrativo al que se dirige. No se tramitarán solicitudes hechas por teléfono o por correo electrónico.

¿La solicitud de acceso a la información es gratuita?

Es gratuita, pero los órganos o servicios de la Administración pueden cobrar la cantidad de dinero que corresponda únicamente a los costos directos de reproducción de la información solicitada. La entrega de la información queda suspendida mientras este valor no se cancele.

Una vez recibida la solicitud, ¿cuánto tiempo dispone el servicio u organismo para dar una respuesta?

Dispone de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud. En ese plazo la autoridad debe resolver entregar la información solicitada o negarse a ello, mediante comunicación fundada al requirente.

¿Qué sucede si el organismo o servicio requiere más tiempo para conseguir o reunir la información solicitada?

Podrá acceder a una prórroga excepcional de diez días hábiles cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Se debe comunicar al solicitante la prórroga y sus fundamentos.

¿Qué pasa si el órgano al que se solicita la información no es competente en esa materia?

El organismo tiene la obligación de derivar la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, se le comunicará al solicitante.

Excepciones en el Acceso a la Información

¿Por qué razón un organismo o servicio puede negar acceso a la información?

La Ley establece excepciones ligadas a causales de secreto y reserva. Estas están relacionadas con temas de defensa nacional, relaciones exteriores y seguridad pública, además de las que una ley de quórum calificado defina como tales. También se puede negar información cuando se trate de requerimientos genéricos y masivos que impliquen una distracción del trabajo habitual de los funcionarios.

¿Cuánto dura el secreto o reserva de la información?

La regla general son los calificados en el artículo 21 de la Ley N°20.285, que duran cinco años desde la notificación del acto que declara la calificación, prorrogable por otros cinco años. Sin embargo, en algunas materias tiene el carácter de indefinido.

¿Hay algún tipo de secreto o reserva indefinido?

El carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar la integridad territorial de Chile; la interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites; la defensa internacional de los derechos de Chile; y la política exterior del país de manera grave.

¿Si se cumple el plazo y el organismo o servicio no ha respondido qué sucede?

El solicitante o requirente puede recurrir de amparo ante el Consejo para La Transparencia. Para ello tiene un plazo de quince días desde que se cumplió el plazo legal para que el organismo o servicio entregara la información.

Si una autoridad niega el acceso a la información fundado en alguna de las causales, ¿qué puede hacer el requirente?

Negada la información puede acudir al Consejo para la Transparencia, el que podrá ratificar lo decidido por la autoridad u ordenar que se le entregue la información al solicitante. El requirente tiene plazo de quince días para presentar su reclamación al Consejo para la Transparencia, desde la notificación de la denegación.

¿Qué sucede en caso que el requirente viva en regiones?

Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de la ciudad de Santiago, donde tiene la sede el Consejo para la Transparencia, podrá presentar su reclamo en la respectiva gobernación, la que deberá transmitir al Consejo de inmediato y por el medio más expedito del que disponga.

¿Es el Consejo para la Transparencia la última instancia de apelación?

No, en caso de que el Consejo falle adversamente al solicitante, éste puede acudir a la Corte de Apelaciones interponiendo un reclamo de ilegalidad.

¿La autoridad de un servicio u organismo puede reclamar ante la Corte de Apelaciones por una resolución del Consejo para la Transparencia?

Sí, lo puede hacer siempre y cuando la denegación no se funde en que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Infracciones y Sanciones

¿Qué sanción contempla la Ley para la autoridad o funcionario que niegue infundadamente acceso a la información o que haya obviado una resolución del Consejo?

El Consejo para la Transparencia está facultado para sancionar a la autoridad o funcionario con multa de 20% a 50% de su remuneración mensual.

¿Y si esta autoridad o funcionario persiste en su actitud?

Se le duplicará la sanción y se le suspenderá del cargo  por cinco días. Toda sanción deberá publicarse en la web del Consejo y la del servicio u organismo al que pertenece la autoridad sancionada. Con todo, la Contraloría General de la República podrá iniciar  sumario y establecer las sanciones que correspondan.

Consejo para la Transparencia

¿Qué es y qué hace el Consejo para la Transparencia?

El Consejo es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fiscaliza el cumplimiento de esta ley y aplica las sanciones; resuelve reclamos por denegación de acceso a la información; promueve la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información; dicta instrucciones para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado; formula recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilita el acceso a la información. Así como proponer las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información; realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos; realizar actividades de difusión e información al público; efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y esta ley; y velar por la debida reserva de los datos e informaciones que tengan carácter secreto o reservado.

¿Cómo toma sus decisiones el Consejo?

El Consejo Directivo adopta sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, resuelve su Presidente. El quórum mínimo para sesionar es de tres consejeros.

¿Cómo puede ser removido un consejero?

Los consejeros pueden ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados a causa de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta. La Corte Suprema conoce del asunto en pleno y para acordar la remoción debe reunir el voto de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

¿Cuánto duran en su cargo como consejeros?

Los consejeros duran seis años en sus cargos pudiendo ser designados sólo para un nuevo período. Dos de los primeros consejeros cumplirán sólo un periodo de tres años.

¿Quiénes componen el Consejo?

Un Consejo Directivo integrado por cuatro personas designadas por la Presidenta de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Actualmente lo integran: Juan Pablo Olmedo, Presidente; Alejandro Ferreiro, Roberto Guerrero y Raúl Urrutia.